El comercio informal es un problema que afecta gravemente no solo a las empresas formales, sino también a la seguridad pública y los derechos de los consumidores. Las cifras lo confirman: el aumento de casos asociados a esta actividad evidencia que es urgente actuar con medidas concretas y efectivas, cuyo impacto se vea reflejado en el corto plazo.
Como Asociación Gremial de Marcas del Retail, hemos trabajado junto a la Cámara Nacional de Comercio en la elaboración de propuestas concretas y realizables para enfrentar esta problemática. Es fundamental fortalecer la fiscalización, modernizar la normativa y establecer sanciones efectivas que desincentiven estas prácticas. A su vez, es imprescindible una acción coordinada entre el sector público y privado para frenar el avance de un fenómeno que impacta directamente en la economía, la seguridad pública y la libre competencia.
El borrador de la Política Nacional Contra el Comercio Ilícito 2025-2030, dado a conocer recientemente, es un paso en la dirección correcta que propone medidas y estrategias para abordar esta problemática, pero sin definir aún la fecha de su implementación. No podemos seguir esperando; se requieren acciones inmediatas que den respuestas concretas a quienes ven sus negocios, sus trabajos y su entorno amenazados por el crecimiento del comercio informal.
En este contexto, el nuevo Ministerio de Seguridad tiene un rol clave en la lucha contra el comercio informal. No basta con planificar estrategias a largo plazo: se necesitan medidas ejecutivas y urgentes que permitan fortalecer la fiscalización, desarticular redes delictuales y generar un entorno más seguro para el comercio formal y los consumidores. Esperamos que esta nueva institucionalidad actúe con determinación y no se convierta en un ente meramente administrativo.
Actuemos ahora, porque cada día de inacción es un golpe más a la economía formal, a la seguridad y al derecho de los ciudadanos a un comercio justo y regulado.
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