Cuando autoridades públicas y en especial el poder ejecutivo y legislativo se dejan llevar por el eslogan electoral, pueden poner en riesgo a toda la ciudadania. En esta ocasión tenemos a los campesinos (as) haciendo fila en la Dirección General de Aguas (DGA), entregando su dinero al Conservador de Bienes Raices, otra vez, para obtener un dominio vigente, y si no tenían inscrita el agua, hacer el procedimiento de regularizaciónn y/o caer en las redes de algún bufete de abogados (as) “especialistas”. Ésto para quedar inscritos en el catastro nacional de aguas, que se manifiesta como un listado en excel, que “afortunadamente” ha modificado sus plazos de cierre en varias ocasiones.
Lo anterior en un contexto de diversas situaciones que aquejan a las personas, como baja escolaridad, dificultades de desplazamiento, sucesiones hereditarias inconclusas, regularizaciones incompletas, además de la normal resistencia que estos procesos significan, considerando los castigos establecidos en la ley (modificada), por no hacer algo que antes no era necesario hacer, y probablemente también, la dificultad de los servicios públicos para enfrentar este desafío administrativo, lo que dejaría ver la falta de dimensionamiento del trabajo por parte de la autoridad.
Por otro lado, también vemos la inverosímil postura de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), de tratar de persuadir a los comités de Agua Potable Rural (APR), que ahora se denominan Servicios Sanitarios Rurales (SSR), a aumentar la capacidad de arranques, y con ello la cantidad de medidores, mediante cálculos e informes que no consideran pluviometría. Todo indica que sería inviable realizar una proyección de disponibilidad de agua, sin un dato pluviométrico histórico, considerando que desde el año 2008 se han emitido decretos de Zona de Escasez Hídrica, que involucran el Valle y la Cuenca del Aconcagua, la Provincia de Los Andes y la Comuna de San Esteban.
Además, resulta llamativo que no sean considerados los datos del Observatorio Satelital de Nieves de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), que aparentemente tiene entre sus instituciones colaboradoras a la DGA, y que desde sus inicios viene mostrando un descenso de la cobertura promedio de nieve anual en la quinta región, específicamente en la cuenca del Aconcagua.
En el fondo, puedo extrapolar que la autoridad no tiene claridad respecto de los elementos que determinan una zona como “rural” y tampoco de las restricciones a considerar en su planificación, empujando de manera consciente o inconsciente, al campo chileno hacia la gentrificación, mostrando la falta de visión para un futuro complejo.
Quizás, no solo debemos adaptarnos al cambio climático, sino también a la extinción de formas de vida que marcaron nuestro acervo cultural y que los nuevos espacios que se abren al campesinado, estrían cada día mas cerca de las bibliotecas.
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